Las cargas tributarias como un reflejo de la inseguridad jurídica

Hace unos días leí en el blog del Centro de estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativa el TFJA un artículo muy interesante de la Lic. Lina Berenice Chávez Islas y de los cuales me han surgido algunos comentarios que quiero compartir con ustedes.

El artículo en cuestión me ha gustado primeramente porque expone a manera de opinión y de manera clara una temática evidente y muy poco cuestionada: La moral y la ética en la legislación tributaria. De manera muy sencilla y sin ahondar mucho en el tema la autora expone concretamente 3 situaciones que reflejan el estado de derecho que impera en el país:

1. La inobservancia en sus deberes en garantizar los recursos necesarios que garanticen un orden político, económico, social, cultural, educativo, de salud y seguridad social por parte del estado ha creado una sensación de impotencia, disgusto y reclamo hacia el gobernado, especialmente en sus sectores más desfavorecidos.
2. Dicha sensación de disgusto se suma a la falta de cultura jurídica del gobernado compuesta por un desconocimiento de los medios legales así como una desconfianza hacia los órganos jurisdiccionales que los obliga a manifestar su impotencia a través de otras formas de expresión como marchas, bloqueos, protestas, justicia por propia mano, que únicamente perjudican más a la sociedad.
3. Dicho clima se traduce en la realidad tributaria a través de la inseguridad jurídica generada cada sexenio, en donde los paquetes fiscales no cumplen con las expectativas y el estado aborda la tarea de la manera más fácil posible, imponiendo mayores cargas fiscales al gobernado para obtener ingresos.

Lo cierto es que el tercer punto señalado me ha llamado en especial la atención pues aborda el tema de una práctica arraigada en las políticas públicas del país y cuya corrección no parece ocupar una posición importante en la agenda del gobierno actual.

Tampoco es que fuera un problema fácil de erradicar. Deben implementarse estrategias que sustituyan esa costumbre por parte de los gobernantes sin que comprometan el ingreso de activos a las arcas del estado, políticas que se deben integrar perfectamente con las nuevas estrategias de comunicación que se plantean entre gobernador y gobernado.

Ocupando el final de la segunda década del siglo XXI, las plataformas digitales se han colado a un nivel ya evidente para facilitar dicha comunicación. Ahora uno deben presentar declaraciones anuales y trámites exclusivamente en línea en cuestiones de hacienda y el IMSS ha comenzado a tomar ese mismo camino con sus sujetos obligados.

Si hablamos de los medios de defensa, ahora existen recursos administrativos que se tramitan únicamente mediante plataformas digitales como el recurso de revocación ante el SAT e incluso equivalente electrónicos de instancias jurisdiccionales como el Juicio en Línea del TFJA (aunque conviene señalar que este último aún presenta limitaciones que le impiden un uso mayor, especialmente para los ciudadanos del interior del país).

No obstante, este camino hacia la digitalización representa igual gran parte del problema de desigualdad del país pues, como gran parte de las políticas del país, se han generado y desarrollado sin tener en cuenta los sectores sociales vulnerables que de forma difícil tienen un acceso dejándolos en un completo desconocimiento del mismo y por lo mismo, una clara indefensión. Es decir, las dichas políticas no resultan del todo incluyentes pues solo aceleran y aumentan la brecha de desigualdad social que ya de por sí es grande en el país.

La realidad es que todo ello se traduce en la necesidad urgente de una reforma profunda en materia fiscal y el compromiso por parte del gobierno de erradicar las políticas actuales y asumir nuevas tendientes a verdaderamente favorecer los intereses del gobernado.

Pero para ello debemos apelar a una reforma fiscal que encuadre dentro de los parámetros morales y éticos que se necesitan para garantizar una tributación realmente proporcional al ingreso de todos los sectores y que garantice una seguridad, no solo a las élites si no a los grupos socialmente vulnerables.

Pero mientras las políticas actuales tendientes a generar expectativa, para luego difuminarlas mediante parches a las políticas ya anteriores, sin tener en cuenta el peso que representa la carga tributaria al gobernado, especialmente en sus sectores más desprotegidos socialmente, la incertidumbre y la inseguridad jurídica seguirán imperando y los 3 puntos mencionados líneas arriba seguirán aquejando a un país que parece ya estar normalizado a dichas situaciones.

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